Tras sus actividades en Cerro Castillo y el liceo Augusto D’Halmar en Ñuñoa, el presidente José Antonio Kast llegó hasta el palacio de La Moneda en la tarde del miércoles, donde comenzó a emitir sus primeras instrucciones y firmar decretos.
Dos de los seis paquetes de medidas incluyen directamente al Ministerio de Hacienda, ahora bajo la conducción de Jorge Quiroz.
Se trata de una “auditoría total” al Estado y la resolución de 51 recursos pendientes bajo tramitación ambiental. En este último punto, se busca resolver estos proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada “que enfrentan retrasos administrativos fuera de todo plazo legal, bloqueando inversión por US$16 mil millones”.
La primera medida del gobierno de Kast enfocada en la permisología
Así, la primera medida anti “permisología” del gobierno de Kast -en que también suma la labor del Ministerio de Medio Ambiente- incluye 20 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), con inversiones por US$6.500 millones (30 vencidos).
También se citan 22 Estudios de Impacto Ambiental (EIA) ante el Comité de Ministros (US$9.800 millones, 11 vencidos) y nueve proyectos extra con RCA en trámite.
En esta línea, se establecen una serie de plazos: para los recursos vencidos, la resolución debe estar en 90 días máximo desde la recepción del oficio.
Si se trata de nuevos recursos ante la dirección ejecutiva del SEA, se establece un máximo de 30 días hábiles para su resolución. Y sobre los recursos ante el Comité de Ministros, se exige máximo 60 días hábiles.
Auditoría
Sobre la Auditoría, se crea una fuerza de tarea que incluye al Subsecretario del Interior, Subsecretario de Hacienda y la Subsecretaría de la Segpres, encargados de coordinar el mecanismo que se se sustenta en tres pilares.
Por una parte, el aspecto técnico, con “una línea de base irrefutable para cada servicio público”; una política de un “estándar de gobierno de emergencia y máxima emergencia”, además de un pilar de probidad, enfocado en la “denuncia inmediata de irregularidades”.
Según la minuta del Gobierno, las medidas alcanzan a todos los ministerios e instituciones del Estado, y sus resultados deberán reportarse directamente al Presidente.